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DESAHUCIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La inobservancia en el proceso de la situación de discapacidad vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Publicado el 1 de diciembre de 2021

DESAHUCIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La inobservancia en el proceso de la situación de discapacidad vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia núm. 161/2021, declara que el procedimiento judicial debe tener en consideración la concurrencia de determinadas circunstancias en la figura del demandado y su impacto en el transcurso del procedimiento.

Esta sentencia encuentra causa en el decreto de desahucio del arrendatario de una vivienda por falta de pago de las rentas debidas al arrendador. El arrendatario era una persona con discapacidad cognitiva, y el arrendador y demandante era una sociedad propietaria del inmueble.

Pese a que el arrendatario se opuso al desahucio alegando que se había pagado toda la deuda antes de que se despachara la ejecución, también se puso de manifiesto que se trataba de una persona vulnerable a razón de su enfermedad, acreditándose con un certificado médico. Sin embargo, los tribunales desestimaron los motivos de oposición indicando que ninguno de ellos son motivos de oposición previstos en la ley.

Así pues, el arrendatario solicitó amparo al Tribunal Constitucional, quien concluyó que, efectivamente, a lo largo del procedimiento se había producido una vulneración de los derechos constitucionales del arrendatario, concretamente, el derecho a la tutela judicial efectiva . Por consiguiente, anula las resoluciones judiciales impugnadas y retrotrae las actuaciones para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el referido derecho.

Y es que desde las primeras actuaciones judiciales, el arrendatario puso de manifiesto la trascendencia que tenía en el procedimiento su situación de discapacidad y, al entender del Tribunal Constitucional, los tribunales deberían haber realizado las actividades necesarias para despejar cualquier duda con relación a esta circunstancia de discapacidad y su relevancia a efectos del procedimiento.

El Tribunal Constitucional establece que la protección que la Constitución dispensa a las personas con discapacidad no puede quedar condicionada por requisitos formales, como el previo reconocimiento o la declaración judicial o administrativa de la situación de incapacidad.